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Promueven ley que permite la sindicalización de la policía rionegrina

San Antonio Oeste. Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino (bloque Frente Progresista) presentaron un proyecto de ley que habilita al personal de la Policía rionegrina a agruparse en una organización sindical.

La propuesta tiene un antecedente de 2014, cuando presentó una similar el entonces legislador Bautista Mendioroz, pero no prosperó por la negativa del oficialismo.

En esta reciente iniciativa los autores caracterizan a los uniformados como integrantes de la fuerza de seguridad, pero también los ubica en el abanico de los empleados públicos, por lo que consideran que les corresponde nuclearse en una entidad gremial.

En cambio diferencian el alcance que tendría un sindicato policial en cuanto a la cobertura de sus afiliados.

Exceptúa la verticalidad que impera en la institución: “la operatividad policial en circunstancias de prevención o represión del delito requiere unidad de mando y respuesta inmediata a las órdenes durante las acciones”, sostiene el texto.

Pone como ejemplo “absurdo” que “ante un delito flagrante o durante un allanamiento ordenado por la Justicia o ante un riesgo de vida para un ciudadano, un grupo de agentes se reuniera en asamblea para decidir si acata y cumple las órdenes del oficial responsable a cargo de la operación”.

En tanto, delega específicamente a la función la defensa de los derechos laborales de sus integrantes.

Expresa, en este sentido: “Si el conflicto laboral procura resolverse por la vía jerárquica y la decisión de la autoridad y no por el consenso, ni hay canales por los que encauzarlo, en realidad no se lo soluciona sino que se lo tapa y la acumulación puede ser causa de un malestar que lleve al estallido, la desobediencia y el amotinamiento”.

Recuerda la revuelta de diciembre de 2013, aunque hubo otras anteriores. “Estos estallidos son, además, fuente y motivo de mucha mayor indisciplina y representan costos sumamente altos en todo sentido”, sostienen.

 

Un gremio como canal de diálogo

Pero los legisladores plantean un escenario sin conflicto, y el rol que cumpliría el gremio como canal de diálogo.

Mencionan como muestra la reciente designación del vocal de la policía en la Junta de Administración del Ipross, en “supuesta representación” del personal policial que fue aprobado con el voto del oficialismo en la sesión del 29 de noviembre.

“Ese Vocal será designado por el Jefe de Policía o por la Plana Mayor a diferencia de todos los otros vocales que son designados por las estructuras sindicales”, consideran Ocampos y Agostino.

Y se preguntan: “¿Representa acaso a los agentes policiales o representa al Jefe de la repartición? ¿A quién se debe? ¿No es en forma encubierta un vocal gubernamental más?¿Qué legitimidad tiene ante sus pares?”.

“Constitucionalmente no hay impedimentos para la posibilidad de la creación de un sindicato policial, por el contrario, la Constitución Nacional cuando establece la libertad de agremiación no hace distingos y por ende tendrían el derecho de hacerlo (dentro de leyes que reglamenten el ejercicio del derecho). Existe una Resolución de la OIT dejando librados a los países a poder dictar normativa al respecto”, señala el proyecto.

Los autores de la propuesta piden hacer “el esfuerzo de imaginar si de existir un Sindicato Policial se hubiera llegado a la situación de anarquía y desborde institucional como se vivieron durante muchas protestas policiales. Tal vez sí, obligado es decirlo ya que se trata de una propuesta contrafáctica, pero seguramente hubiera habido posibilidades de instancias previas de diálogo, con interlocutores legitimados, en un marco de mayor racionalidad y sujeto a normas de mayor convivencia pudiendo encauzar incluso jurídicamente el conflicto”.

 

Alcance de la organización

En el articulado del proyecto de ley, los legisladores indican que el sindicato policial tendrá como objeto central “la defensa y el mejoramiento de sus condiciones laborales” de sus integrantes

El Gobierno Provincial considerará a dicha organización como única interlocutora en aspectos laborales y salariales del Personal Policial.

Los miembros de la organización, al único y exclusivo fin y sólo en oportunidad de sus funciones como representantes del personal “serán exceptuados del deber de obediencia jerárquica”.

Las asambleas y reuniones convocadas por la organización se regirán por los principios democráticos de igualdad y en las mismas todos los participantes podrán expresarse libremente sin distinción de grado ni antigüedad. Esos encuentros “no podrá resentir el servicio de seguridad pública”.

A fin de conseguir sus objetivos la organización podrá efectuar presentaciones y reclamos administrativos ante la Jefatura de Policía y la Secretaría de Trabajo de la Provincia y presentaciones ante la Justicia Laboral. Asimismo podrá efectuar ante los medios de prensa declaraciones públicas que se ciñan al reclamo específico y de forma tal que no afecten el principio de autoridad. También podrá efectuar concentraciones públicas fuera de horario de servicio, sin vestir uniforme, sin portar armamento y sin producir alteración del orden público.

Medidas de fuerza. El gremio deberá evitar expresamente acciones o medidas de fuerza que pudieran resentir el servicio de seguridad pública. Como también la ocupación de dependencias públicas; cualquier modalidad de autoacuartelamiento, la interrupción de vías de circulación y el uso de bienes, móviles o equipos de comunicación exclusivamente destinados al servicio de seguridad.

Ningún miembro de la organización podrá ser reprendido, sancionado o sufrir represalias administrativas u operativas, directas o encubiertas, de sus superiores por acciones que no estén expresamente prohibidas en la presente y que se hayan efectuado en virtud de la representación del personal uniformado.