Cárcel Roca

Reducen monto de condena contra la provincia por la muerte de un preso en Roca

San Antonio Oeste. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió disminuir el monto de una condena contra la provincia por la muerte de un preso en la Unidad de Ejecución Penal 2, de General Roca.

La medida la establece un fallo en el que el Tribunal hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por el Estado rionegrino, en el que también se fijó nuevos montos para los profesionales médicos que intervinieron en el proceso.

A principios de agosto de 2010 el detenido murió apuñalado en la prisión.

La familia de la víctima, entonces de 30 años, demandó a la provincia, que fue sentenciada a abonar un resarcimiento por “daños y perjuicios”, causados a los cuatro hijos menores de edad del hombre.

En la apelación se cuestionó el monto fijado en el ítem “pérdida de chance”, el pago de honorarios de una perito psicóloga y la imposición de costas, por cuenta de la provincia.

La familia, mediante sus representantes legales, pidió que se declare desierta la apelación por falta de fundamentación, mientras que la Defensora de Menores sostuvo que el veredicto se ajusta a derecho.

En el voto rector, la jueza Adriana Mariani sostuvo que el fallo se basó en un cálculo ciñéndose a guarismos que han sido indicados por el Superior Tribunal de Justicia.

No obstante entendió que debe receptarse la crítica de la demandada en cuanto al cálculo indemnizatorio, pues ante la falta de ingresos acreditada, se debería aplicar el salario mínimo, vital y móvil, que era de 1.740 pesos al momento del hecho.

Además expresó que se debe considerar en la cuenta la ausencia del padre como soporte económico de la familia.

“Pues no podemos soslayar que los actores, hijos menores de la víctima, no habrán de ser asistidos por el lapso probable de vida que pudo tener el progenitor sino que  a los fines de su cálculo habrá de estimarse como tope la edad de 25 años de los hijos”, indicó.

Puntualizó que el nuevo Código Civil y Comercial recientemente sancionado, expresa que “La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsistente hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

Asimismo aclaró que el monto definido será para los cuatro hijos, pues “no podría multiplicarse por cuatro el resultado, toda vez que el padre no habría eventualmente obtenido con su trabajo tantos salarios como hijo concibiera”.

Bajo estos argumentos la magistrada determinó lo nuevos montos a abonar: 277.600 pesos más 500.000 por “daño moral”, que no fue objetado.

Además ordenó firmar como retribución para los profesionales médicos que cumplieron distintos roles en 40.000, 28.500 y 38.000 pesos, dinero que deberá ser aportado por el Estado.

Adhirió con su voto el juez Víctor Soto, y se abstuvo Gustavo Martínez.

Foto: agenciaparalalibertad.org